sábado, 22 de febrero de 2014

La ampliación del Canal de Panamá: crisis con el Grupo Unidos por el Canal

La mejor lección que se gana y que queda como hecho irreversible en la conciencia popular, es que la conclusión de los Tratados Torrijos Carter no ha agotado la lucha por la liberación  nacional del país, como muchos lo han querido hacer ver.

Comunicado del Partido del Pueblo de Panamá

Obras de ampliación del Canal de Panamá.
Al cierre del año 2013 aparecieron a la luz pública las primeras señas oficiales de lo que venía siendo un secreto a voces: la inminente paralización de las obras de construcción de la ampliación del Canal de Panamá. En los grandes titulares, lo que afloró en superficie fue la existencia de una situación de crisis en la operación financiera del proyecto por parte del consorcio encargado de la construcción de las esclusas, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), integrado por las empresas SACYR, Salini Impregilo, Jan de Nul y CUSA, que se reflejaba especialmente en sus “flujos de caja” y de lo cual responsabilizaba a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por no resolver a su favor unos sobrecostos evaluados en 1,6 billones US Dólar, sustentados en actividades adicionales y demoras no contempladas en sus compromisos contractuales.

El conflicto planteado, puesto en el orden jurídico nacional, incluyendo la amenaza de la constructora de acogerse a una “huelga empresarial” si no se accedía a su reivindicación, quedaba así sujeto a un proceso legal “comercial” entre dos empresas, toda vez que el instrumento que regula las relaciones del proyecto de ampliación es el de contratos entre una corporación transnacional privada y una empresa estatal, con plena autonomía administrativa y operativa reconocidas por fuerza constitucional. Sin embargo, el sentir nacional sobre un emporio que ha costado las más grandes luchas al movimiento popular y los intereses geopolíticos y geoeconómicos mundiales que rodean las obras, encuadraron rápidamente el problema en el contexto político nacional e internacional, elevando el carácter explosivo de la crisis y poniendo sus verdaderos componentes y causas sobre la mesa.

En los hechos, lo que se está presenciando es la manifestación llana de factores contradictorios que aún penden sin solución en la realidad nacional y que entorpecen además la marcha histórica ascendente, hacia nuestra consolidación como nación independiente, soberana y socialmente justa.

El Canal y su zona adyacente, siendo el principal recurso con el que cuenta la nación panameña y el resultado de una aspiración legítima liberadora del pueblo panameño, con huellas indelebles en nuestra historia, hoy, después de 36 años de aprobados los tratados que lo descolonizan y de 14 años de estar en manos panameñas, conserva aún su carácter segregado de la nación panameña. En los hechos, la oligarquía rentista y especuladora del capital financiero nacional puesta en el poder por la bota de la invasión norteamericana, en lugar de impulsar la transformación del Estado nacional, elevándolo a la altura del desafío planteado por la reversión del canal, mantuvo varado su estatus-quo obsoleto; todo lo cual se tradujo en el estatus especial constitucional que reviste actualmente la empresa y el territorio de la cuenca hidrográfica que administra, donde dominan simplemente nuevos amos al margen de la sociedad nacional.   

Así, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se define como un ente aparte de la nación, con un gobierno propio dirigido por once (11) personajes que en la práctica responden al poder real detrás de cada presidente de turno, ausente de todo calor y control popular y por ende, vulnerable a los intereses del rejuego internacional; esto en condiciones de que, contradictoriamente, ese centro neurálgico sigue siendo el corazón de los apetitos neocoloniales del mundo, hoy ampliados por los nuevos giros que derivan de la distribución internacional de poderes bajo el desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas a escala global y la socialización de la producción, fenómeno que otorga a la geo-economía un papel preponderante en la determinación de la nueva geopolítica mundial.

Este criterio de la marginalidad podrá ser cuestionado por algunos, invocando los grandes aportes económicos que ha dado el Canal al presupuesto nacional. Sin embargo cuando se hace el balance del país, el resultado es que mientras más grandes han sido las cifras transferidas al Estado, más desigual ha sido la distribución de la riqueza, acentuándose los desequilibrios sociales del desarrollo nacional, rasgo que revela una continuidad del patrón clásico que se dio durante la presencia de la zona colonial y el Estado bicéfalo del Siglo XX. Y es que a final de cuentas, detrás del Estado nacional como de las decisiones del Canal gobierna el mismo poder, cambiando en este último solamente las estructuras de gestión colonial por las de gestión neocolonial, ahora en manos de los llamados “Usuarios del Canal”, de la burguesía apátrida financiera nacional, las corporaciones transnacionales del transporte y la rectoría del Departamento de Estado norteamericano, que tiene como piedra de toque en el escenario, el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.

El conflicto que se observa entonces, entre el Consorcio GUPC y la ACP, no es más que los primeros síntomas de crisis, de este modelo de gestión recogido constitucionalmente en el Título 14 de la Carta Magna y las leyes que lo reglamentan, asunto que pronostica la articulación de un nuevo conflicto nacional de envergadura impredecible y que confirma la necesidad urgente de una constituyente soberana que supere los desajustes institucionales.

En el fondo, lo que pone de manifiesto este desacuerdo financiero entre las dos empresas, es un conflicto de poderes con tentáculos internacionales que apuntan a la hegemonía de rutas en el mapa del gran comercio marítimo mundial. Todo nace y se desarrolla efectivamente alrededor de una relación contractual, lo que es muy regular entre contratistas y contratantes. Sin embargo cuando se analizan las exigencias del consorcio, queda claro que éstas no tienen ninguna solución dentro de las cláusulas del contrato suscrito sin dudas muy estrictas, aspecto que todos estamos obligados a hacer respetar como soberanos que somos, a la vez que apoyar a la dirección administrativa en su justa aplicación. Tal solicitud rebasa de forma sin igual los límites de la legalidad; y esto explica que el consorcio haya recurrido al apoyo de su bloque continental, la Unión Europea, y haya emergido con ello todo el tejido múltiple de la red de poderes que concurren sobre el recurso, porque lo que no pueden permitir los polos imperiales es que los trabajos incumplan los tiempos previstos por ellos.  

Desde este punto de vista, es inobjetable que el consorcio actuó con cálculo y premeditación; porque además, lo planteado no solamente es ya tradición en este decadente universo corrupto y neoliberal que domina el sistema capitalista, sino que también estaba abonado por el carácter corrupto del Estado con el que trataba y las vulnerabilidades de la autoridad con la que negociaba. Lo que nunca calculó el farsante fue el sentido del orgullo nacional del pueblo panameño, que sobrevive a todos los embates de la anti-cultura, exacerbado en el momento además, por la memoria de los 50 años de la gesta patriótica de enero del ’64.

La mejor lección que se gana y que queda como hecho irreversible en la conciencia popular, es que la conclusión de los Tratados Torrijos Carter no ha agotado la lucha por la liberación  nacional del país, como muchos lo han querido hacer ver; que continua y que en ese camino nos quedan grandes tareas nacionales como son la eliminación del Tratado de Neutralidad Permanente, desfasado con el reordenamiento geopolítico del Siglo XXI, y la inserción plena en la nación panameña del recurso canalero, para lo cual habrá que transformar el Estado Nacional en un Estado democrático, participativo y pluralista, con una dimensión del desarrollo socialmente equitativo y justo y ambientalmente sostenible.

La ACP y el consorcio GUPC están pronto a llegar, muy probablemente, a un pacto para continuar las obras… La posición justa y unida del pueblo panameño en defensa de su recurso, y la actitud indoblegable del Administrador General han hecho recular el asalto bochornoso que se pretendía en esta jugada. Pero esto no cierra el episodio. El pueblo panameño debe mantener su vigilancia y exigir información permanente a las autoridades competentes, de todos los pormenores que conlleva el proceso de arbitraje internacional, del cumplimiento de los compromisos que pacten las partes y del uso de los fondos, que son sus dineros.  Así mismo,  hay que llevar el problema a las mesas internacionales de solidaridad, especialmente a entidades como la CELAC y el Foro de Sao Paulo, y denunciar todo intento por bloque alguno de burlar nuestra dignidad y derechos soberanos en esta contienda.

Por último, la sociedad panameña debe poner en su agenda de discusiones inmediatas, la revisión de los instrumentos que regulan la relación de la ACP y su cuenca hidrográfica con la nación panameña, entre los cuales, el primer lugar lo ocupa la reformulación de esa Junta  Directiva establecida por mandato constitucional, formada  de “socios asociados en sociedad” que sólo se representan a ellos mismos, envueltos de los intereses de la casta social que los nombra, sin tomar en cuenta a quienes fueron los verdaderos protagonistas de la lucha por la recuperación de la colonia: el pueblo panameño. Esa Junta Directiva debe ser integrada por representantes de los frentes de la ciencia y la tecnología, del derecho, de la ecología, de las organizaciones gremiales y académicas, y de trabajadores escogidos democráticamente. 

¡Por un Canal para el uso más colectivo posible!...

¡No al chantaje corporatista transnacional!...

Presidium del Partido del Pueblo

Panamá, 15 de febrero de 2014.

No hay comentarios: