sábado, 6 de diciembre de 2014

Democracia y neoliberalismo: matrimonio imposible

La democracia liberal y representativa con sus libertades civiles y políticas, se va convirtiendo cada vez más en una camisa de fuerza para la represión y autoritarismo que el neoliberalismo necesita para reproducirse de manera ampliada.

Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México

En el verano de 1989, en la Universidad de Chicago, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama pronunció su célebre conferencia, después convertida en artículo y en libro, sobre el fin de la historia. Como es harto sabido, Fukuyama pregonó que  la humanidad había llegado a un puerto final: el liberalismo y la economía de mercado. Esto quería decir que la democracia liberal y representativa y el neoliberalismo económico,  eran los escenarios insuperables del destino humano. Podrían existir hechos históricos pero estarían enmarcados en dichos parámetros. La idea es verdaderamente absurda y sin embargo, la derecha mundial la acogió con gran entusiasmo.

Independientemente de que los últimos 25 años han demostrado que la historia humana no tendrá fin sino hasta que la humanidad desaparezca,  también han demostrado que la democracia y el neoliberalismo cada vez son más incompatibles. La razón es muy sencilla, el neoliberalismo es un sistema excluyente, depredador, expropiador y generador de pobrezas y desigualdades profundas. Y un sistema con estos rasgos, genera cada vez más protestas, movilizaciones y turbulencias sociales. La democracia liberal y representativa con sus libertades civiles y políticas, se va convirtiendo cada vez más en una camisa de fuerza para la represión y autoritarismo que el neoliberalismo necesita para reproducirse de manera ampliada. Más que de la democracia,  el neoliberalismo  necesita de la dictadura: sistemas electorales amañados, criminalización de  la protesta, represión y por supuesto dictadura mediática.

El martes 2 de diciembre, los diputados del PRI y el PAN  en México aprobaron una reforma constitucional que busca crear condiciones para aprobar leyes secundarias que impidan  el derecho a las manifestaciones y marchas en las calles. Se busca criminalizar cualquier movilización que impida el tránsito de personas y vehículos en los espacios públicos. En el mejor de los casos se pretende aislar a la protesta asignándole espacios limitados. Es de hacer notar que esta reforma constitucional fue aprobada en el contexto de una movilización social que ha ido creciendo en los dos años de gobierno de Peña Nieto. En los últimos dos meses, después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el país ha vivido una turbulencia social como no se veía desde hace mucho tiempo. Anteriormente, las reformas neoliberales de Peña Nieto habían sido respondidas con marchas callejeras, mítines, bloqueos de carreteras y otras formas de resistencia. Llama la atención que las manifestaciones  callejeras más recientes han terminado en actos vandálicos que la televisión difunde ampliamente, para opacar el hecho de que la inmensa mayoría de los manifestantes lo ha hecho pacíficamente. Se ha comprobado que buena parte de estos actos vandálicos son provocaciones fabricadas por el gobierno.

La dictadura mediática televisiva sataniza a la protesta callejera, el oficialismo legislativo crea leyes para criminalizarla, los cuerpos policiacos arrestan con violencia inaudita a los manifestantes,  el poder judicial les imputa delitos desmesurados (intento de homicidio, motín, atentado contra el orden constitucional etc.,) que implican duras condenas. La descalificación mediática se vuelve criminalización  y la maniobra culmina en el aterrorizamiento.

Lo repito: la democracia y el neoliberalismo son incompatibles.

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